JULIÁN MAZZONI
ELEVÓ PROYECTO PARA INCLUIR EN EL NOMENCLATOR LOS NOMBRES DE 9 DESAPARECIDOS
En la última
sesión de la Junta Departamental, el edil Julián Mazzoni solicitó por escrito que
se incluyera en el orden del día de la próxima sesión de la Junta, con la
derivación a la comisión de Nomenclátor un proyecto que propone nombrar calles
del departamento con nombres de detenidos desaparecidos.
Comienza
informando que según el trabajo: “Detenidos – desaparecidos, Sistematización
parcial de datos a partir de la investigación histórica de la Presidencia de la
República Oriental del Uruguay”, realizado por Álvaro Rico, hay ocho ciudadanos
uruguayos nacidos en Lavalleja que se consideran detenidos–desaparecidos: Fernando
Miranda (de José Batlle y Ordóñez), Otermín Laureano Montes de Oca, Carlos
Hernández Machado (José Pedro Varela), José Luis Pelúa, Martín Isabelino Pelúa,
Renée Pereira Gasagoite, Ada Margaret Burgueño, y Carlos Rodríguez Mercader
(Minas).
UNO POR UNO
Mazzoni en el
proyecto presentado, destacó uno por uno con datos:
Fernando Miranda nació en Batlle y Ordóñez, el 5 de julio de 1919.
Estudió en la Universidad de la República, donde se recibió de escribano,
pasando a residir en Montevideo. Fue docente de la Facultad de Derecho y
militante del Partido Comunista, siendo electo edil por la lista 1001 en el año
1971. Desapareció el 30 de noviembre de 1975, cuando lo detuvo en su casa un
comando de las Fuerzas Conjuntas. Sus restos fueron recuperados el 2 de
diciembre de 2005, en el Batallón de Infantería nº 13.
Otermín Laureano Montes de Oca fue secuestrado por las Fuerzas
Conjuntas el 17 de diciembre de 1975, en su casa del barrio La Teja de
Montevideo. Había nacido en nuestro departamento en 1930, trabajó en la capital
del país en Conaprole. En el momento de su detención tenía un taller en su
casa. Era militante del Partido Comunista. No se conoce su paradero aunque hay
testigos que lo vieron en el mismo batallón en el que asesinaron a Miranda.
Juan Carlos Hernández Machado, oriundo de José Pedro Varela, fue detenido el 31 de
diciembre de 1976, en Argentina. Sus restos se encontraron en el cementerio de
La Chacarita. No se poseen más datos.
Renée Pereira Gasagoite nació el 14 de octubre de 1934 y es la madre de Martín Isabelino Pelúa Pereira, nacido el 3 de enero de 1955 y de José Luis Pelúa Pereira, nacido el 18
de julio de 1956. Los tres eran nacidos en Minas y eran vecinos de La
Filarmónica, desde donde se fueron a Buenos Aires y los tres fueron
secuestrados por las mismas fuerzas represivas en el marco del Plan Cóndor, el
7 de octubre de 1976.
Margaret Burgueño, minuana de 24 años de edad, fue secuestrada el 20 de
agosto de 1977, también en Argentina. Nacida el 5 de enero de 1953, militante
estudiantil, vinculada la Casa de la Juventud de nuestra ciudad, estudió en la
Facultad de Ciencias Económicas y luego pasó a residir en Buenos Aires donde
estaba a punto de casarse con el ciudadano argentino Daniel Vattino,
desaparecido dos días antes.
Carlos
Rodríguez Mercader, detenido
desaparecido el primero de octubre de 1976 en Argentina, había nacido el 24 de
febrero de 1949 en Minas, fue secuestrado en la vía pública, era militante del
Partido por la Victoria del Pueblo.
INZAURRALDE MELGAR
A los nombres citados por Álvaro Rico, hay que agregar el de Gustavo Inzaurralde, que figura en la
lista de la “Investigación histórica de la Presidencia de la República Oriental
del Uruguay” a la que Mazzoni hace referencia, aunque no dice su lugar de
nacimiento.
Mazzoni agregó en su proyecto los datos obtenidos de la
acción judicial que se presentó por la desaparición del citado Inzaurralde y el
compatriota Nelson Santana.
Gustavo Edison Inzaurralde
Melgar nació en Minas, el 4 de agosto de 1942. Hijo de Alberto
Inzaurralde y Pura Melgar. Durante sus estudios de magisterio integró la
Asociación de Estudiantes de Magisterio. Se desempeñó como maestro a nivel del
sistema educativo público y privado. Posteriormente ejerciendo la docencia,
desarrolló actividad gremial desde la Federación Uruguaya de Magisterio filial
de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Formó pareja con la ciudadana
argentina María del Carmen Posse Merino, con quien tuvo una hija. En 1970
ingresó como administrativo en la Fábrica Uruguaya de Neumáticos (Funsa).
Desarrolló actividad política en la Resistencia Obrero Estudiantil, la
Federación Anarquista Uruguaya y el Partido por la Victoria del Pueblo. Fue
detenido en agosto de 1970 y procesado por presunta colaboración con la OPR 33.
Estuvo detenido durante seis meses en el Penal de Punta Carretas y en 1971
luego de obtener la libertad por parte de la Justicia, es retenido por Medidas
de Seguridad en una instalación militar de la Armada en Punta Yeguas durante
dos meses, realizando entonces la “opción Constitucional”, para salir del
país. En mayo de 1971 fue expulsado del país, asilándose en Chile. Allí trabajó
en una fábrica que se dedicaba a la construcción de viviendas prefabricadas y
en programas del gobierno chileno de educación de adultos, vinculándose a
sindicatos chilenos y a organizaciones de base de la Unión Popular.
Posteriormente al golpe militar de Augusto Pinochet del 11 de setiembre de
1973, abandona Chile y se radica en la Argentina. Una vez en Argentina se acoge
a la ley de Amnistía dictada por el entonces presidente Juan Domingo Perón para
todos los refugiados políticos de los países vecinos, pasando a tener
radicación y residencia permanente en aquel país. El 2 de julio de 1974 cuando
participaba junto a otros 105 uruguayos residentes en Argentina de una
actividad pública de oposición a la dictadura uruguaya en la calle Méjico al
3000 organizada por el Comité de Uruguayos Residentes “19 de Abril”, es detenido
y procesado por contravención a las disposiciones legales sobre extranjeros
vigentes en ese momento. Es recluido por espacio de 15 días en la cárcel de
Devoto. En 1975 participó de la fundación del Partido por la Victoria del
Pueblo (PVP), en la Argentina. En setiembre de 1976, Inzaurralde obtiene del
ACNUR de Argentina la condición de refugiado político. En 1976, durante la
represión que desató la dictadura uruguaya y argentina en el marco del Plan
Cóndor contra el PVP, Inzaurralde logra salvar su vida y su libertad,
permaneciendo en aquel país. Su pareja obtiene refugio en Suecia, donde llega
el 11 de enero de 1977, estando embarazada de pocos meses. Mientras tanto,
Inzaurralde pasó a Asunción del Paraguay, donde se alojó en una pensión junto a
tres argentinos. Luego se sumó al grupo el uruguayo Nelson Santana,
también escapado de Argentina. Los dos
uruguayos fueron secuestrados por fuerzas paraguayas pero en colaboración con
el ejército uruguayo; la operación se realizó al mando del oficial uruguayo mayor
Carlos Calcagno, quien torturó a ambos en el Departamento de Investigaciones de
la Policía de Stroessner. Según consta en los “Archivos del Terror” paraguayos,
Santana e Inzaurralde fueron vistos por última vez en el “pozo” –centro
clandestino de detención- “El Atlético”.
LO
DICE LA LEY
Luego de
considerados los anteriores datos, y recordando que el artículo 4º de la ley
18.596 dice: “Se consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República
Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido la violación de
su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y
fuera del territorio nacional, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de
febrero de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas
violaciones deberán haber sido por parte de agentes del Estado o quienes, sin
serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos”,
es evidente que los citados ciudadanos oriundos de nuestro departamento se
encuentran comprendidos legalmente entre las víctimas del terrorismo de Estado.
El artículo 7º
de la misma ley establece lo siguiente: “El Estado promoverá acciones
materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la
dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas
tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y el uso
ilegítimo del poder del Estado ejercido en el período señalado en los artículos
1º y 2º de la presente ley.”
El artículo 1º
reconoce el “quebrantamiento del Estado de Derecho” entre el 27 de junio de
1973 y el 28 de febrero de 1985, mientras que el 2º se refiere al período
comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973 “marcado por
la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el
marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.”
COMO
NOMBRE DE LAS CALLES
Teniendo en
cuenta los antecedentes señalados, Mazzoni solicitó que los nombres de los
citados ciudadanos sean tenidos en cuenta en el nomenclátor de Minas, en un
único barrio, de manera que se identifique esa zona de la ciudad con el
homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. “Teniendo en cuenta la
solicitud realizada por los vecinos del barrio, presentada en sala por el edil
Alberto Conti, sugiero que el barrio al que hago referencia en al párrafo
anterior sea Las Palmas. Si no se completan los nombres por falta de calles, se
puede extender la denominación al barrio Garolini, que forman una unidad con el
anteriormente señalado. También solicitó Mazzoni que en el citado barrio, y en
un lugar adecuado se ubique una plaqueta recordatoria con la siguiente leyenda:
Ciudadanos detenidos desaparecidos oriundos de
Lavalleja, víctimas del terrorismo de Estado: Fernando Miranda, Otermín Laureano Montes de Oca, Carlos Hernández
Machado, José Luis Pelúa, Martín Isabelino Pelúa, Renée Pereira Gasagoite, Ada
Margaret Burgueño, Carlos Rodríguez Mercader, Gustavo Inzaurralde Melgar”.
Agregó que se
colocará al final de la inscripción la fecha de la ceremonia de inauguración,
que se realizará de acuerdo a la importancia que la citada ley otorga a la
reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.
“UNA POSICIÓN
TÍPICA DE LA DERECHA”
Primera Página durante la sesión de la Junta, le
solicitó el proyecto y le preguntó por qué los ediles se habrían negado a
debatir, Mazzoni respondió que “es una posición típica de la derecha, no pueden
decir que no reconocen lo que pasó en el país, solamente gente que está llena
de prejuicios puede negarse a poner el nombre de desaparecidos a las calles de
Lavalleja”. Molesto Mazzoni manifestó que “se hace en la misma reunión en la
que se acusa de asesino de policías al ministro del Interior, se niega la
posibilidad de hacer un justo homenaje a 9 ciudadanos de Lavalleja que constató
la Comisión para la Paz que se creó en el gobierno de Jorge Batlle, y la ley
18.596 establece la obligación del estado de homenajear a las víctimas del
terrorismo de estado, y estos fueron reconocidos así por la Comisión para la
Paz. Yo solicito que esas víctimas sean incluidas en el nomenclátor”,
Sobre la
elección del lugar, dijo que lo propuso “porque el edil Alberto Conti había
solicitado a pedido de los vecinos del barrio Las Palmas, que les pusieran
nombres a las calles”.
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