martes, 18 de junio de 2013

Ediles blancos y colorados se negaron a discutir reconocimiento a los desaparecidos de Lavalleja

JULIÁN MAZZONI ELEVÓ PROYECTO PARA INCLUIR EN EL NOMENCLATOR LOS NOMBRES DE 9 DESAPARECIDOS
En la última sesión de la Junta Departamental, el edil Julián Mazzoni solicitó por escrito que se incluyera en el orden del día de la próxima sesión de la Junta, con la derivación a la comisión de Nomenclátor un proyecto que propone nombrar calles del departamento con nombres de detenidos desaparecidos.
Comienza informando que según el trabajo: “Detenidos – desaparecidos, Sistematización parcial de datos a partir de la investigación histórica de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay”, realizado por Álvaro Rico, hay ocho ciudadanos uruguayos nacidos en Lavalleja que se consideran detenidos–desaparecidos: Fernando Miranda (de José Batlle y Ordóñez), Otermín Laureano Montes de Oca, Carlos Hernández Machado (José Pedro Varela), José Luis Pelúa, Martín Isabelino Pelúa, Renée Pereira Gasagoite, Ada Margaret Burgueño, y Carlos Rodríguez Mercader (Minas).

UNO POR UNO
Mazzoni en el proyecto presentado, destacó uno por uno con datos:

Fernando Miranda nació en Batlle y Ordóñez, el 5 de julio de 1919. Estudió en la Universidad de la República, donde se recibió de escribano, pasando a residir en Montevideo. Fue docente de la Facultad de Derecho y militante del Partido Comunista, siendo electo edil por la lista 1001 en el año 1971. Desapareció el 30 de noviembre de 1975, cuando lo detuvo en su casa un comando de las Fuerzas Conjuntas. Sus restos fueron recuperados el 2 de diciembre de 2005, en el Batallón de Infantería nº 13.
Otermín Laureano Montes de Oca fue secuestrado por las Fuerzas Conjuntas el 17 de diciembre de 1975, en su casa del barrio La Teja de Montevideo. Había nacido en nuestro departamento en 1930, trabajó en la capital del país en Conaprole. En el momento de su detención tenía un taller en su casa. Era militante del Partido Comunista. No se conoce su paradero aunque hay testigos que lo vieron en el mismo batallón en el que asesinaron a Miranda.
Juan Carlos Hernández Machado, oriundo de José Pedro Varela, fue detenido el 31 de diciembre de 1976, en Argentina. Sus restos se encontraron en el cementerio de La Chacarita. No se poseen más datos.
Renée Pereira Gasagoite nació el 14 de octubre de 1934 y es la madre de Martín Isabelino Pelúa Pereira, nacido  el 3 de enero de 1955 y de José Luis Pelúa Pereira, nacido el 18 de julio de 1956. Los tres eran nacidos en Minas y eran vecinos de La Filarmónica, desde donde se fueron a Buenos Aires y los tres fueron secuestrados por las mismas fuerzas represivas en el marco del Plan Cóndor, el 7 de octubre de 1976.
Margaret Burgueño, minuana de 24 años de edad, fue secuestrada el 20 de agosto de 1977, también en Argentina. Nacida el 5 de enero de 1953, militante estudiantil, vinculada la Casa de la Juventud de nuestra ciudad, estudió en la Facultad de Ciencias Económicas y luego pasó a residir en Buenos Aires donde estaba a punto de casarse con el ciudadano argentino Daniel Vattino, desaparecido dos días antes.
Carlos Rodríguez Mercader, detenido desaparecido el primero de octubre de 1976 en Argentina, había nacido el 24 de febrero de 1949 en Minas, fue secuestrado en la vía pública, era militante del Partido por la Victoria del Pueblo.

INZAURRALDE MELGAR
A los nombres citados por Álvaro Rico, hay que agregar el de Gustavo Inzaurralde, que figura en la lista de la “Investigación histórica de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay” a la que Mazzoni hace referencia, aunque no dice su lugar de nacimiento.
Mazzoni agregó en su proyecto los datos obtenidos de la acción judicial que se presentó por la desaparición del citado Inzaurralde y el compatriota Nelson Santana.
Gustavo Edison Inzaurralde Melgar nació en Minas, el 4 de agosto de 1942. Hijo de Alberto Inzaurralde y Pura Melgar. Durante sus estudios de magisterio integró la Asociación de Estudiantes de Magisterio. Se desempeñó como maestro a nivel del sistema educativo público y privado. Posteriormente ejerciendo la docencia, desarrolló actividad gremial desde la Federación Uruguaya de Magisterio filial de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Formó pareja con la ciudadana argentina María del Carmen Posse Merino, con quien tuvo una hija.  En 1970 ingresó como administrativo en la Fábrica Uruguaya de Neumáticos (Funsa). Desarrolló actividad política en la Resistencia Obrero Estudiantil, la Federación Anarquista Uruguaya y el Partido por la Victoria del Pueblo. Fue detenido en agosto de 1970 y procesado por presunta colaboración con la OPR 33. Estuvo detenido durante seis meses en el Penal de Punta Carretas y en 1971 luego de obtener la libertad por parte de la Justicia, es retenido por Medidas de Seguridad en una instalación militar de la Armada en Punta Yeguas durante dos meses, realizando entonces la “opción Constitucional”, para salir del país. En mayo de 1971 fue expulsado del país, asilándose en Chile. Allí trabajó en una fábrica que se dedicaba a la construcción de viviendas prefabricadas y en programas del gobierno chileno de educación de adultos, vinculándose a sindicatos chilenos y a organizaciones de base de la Unión Popular. Posteriormente al golpe militar de Augusto Pinochet del 11 de setiembre de 1973, abandona Chile y se radica en la Argentina. Una vez en Argentina se acoge a la ley de Amnistía dictada por el entonces presidente Juan Domingo Perón para todos los refugiados políticos de los países vecinos, pasando a tener radicación y residencia permanente en aquel país. El 2 de julio de 1974 cuando participaba junto a otros 105 uruguayos residentes en Argentina de una actividad pública de oposición a la dictadura uruguaya en la calle Méjico al 3000 organizada por el Comité de Uruguayos Residentes “19 de Abril”, es detenido y procesado por contravención a las disposiciones legales sobre extranjeros vigentes en ese momento. Es recluido por espacio de 15 días en la cárcel de Devoto. En 1975 participó de la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), en la Argentina. En setiembre de 1976, Inzaurralde obtiene del ACNUR de Argentina la condición de refugiado político. En 1976, durante la represión que desató la dictadura uruguaya y argentina en el marco del Plan Cóndor contra el PVP, Inzaurralde logra salvar su vida y su libertad, permaneciendo en aquel país. Su pareja obtiene refugio en Suecia, donde llega el 11 de enero de 1977, estando embarazada de pocos meses. Mientras tanto, Inzaurralde pasó a Asunción del Paraguay, donde se alojó en una pensión junto a tres argentinos. Luego se sumó al grupo el uruguayo Nelson Santana, también  escapado de Argentina. Los dos uruguayos fueron secuestrados por fuerzas paraguayas pero en colaboración con el ejército uruguayo; la operación se realizó al mando del oficial uruguayo mayor Carlos Calcagno, quien torturó a ambos en el Departamento de Investigaciones de la Policía de Stroessner. Según consta en los “Archivos del Terror” paraguayos, Santana e Inzaurralde fueron vistos por última vez en el “pozo” –centro clandestino de detención- “El Atlético”.

LO DICE LA LEY
Luego de considerados los anteriores datos, y recordando que el artículo 4º de la ley 18.596 dice: “Se consideran víctimas del terrorismo de Estado en la República Oriental del Uruguay todas aquellas personas que hayan sufrido la violación de su derecho a la vida, a su integridad psicofísica y a su libertad dentro y fuera del territorio nacional, desde el 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985, por motivos políticos, ideológicos o gremiales. Dichas violaciones deberán haber sido por parte de agentes del Estado o quienes, sin serlo, hubiesen contado con la autorización, apoyo o aquiescencia de los mismos”, es evidente que los citados ciudadanos oriundos de nuestro departamento se encuentran comprendidos legalmente entre las víctimas del terrorismo de Estado.
El artículo 7º de la misma ley establece lo siguiente: “El Estado promoverá acciones materiales o simbólicas de reparación moral con el fin de restablecer la dignidad de las víctimas y establecer la responsabilidad del mismo. Las mismas tenderán a honrar la memoria histórica de las víctimas del terrorismo y el uso ilegítimo del poder del Estado ejercido en el período señalado en los artículos 1º y 2º de la presente ley.”
El artículo 1º reconoce el “quebrantamiento del Estado de Derecho” entre el 27 de junio de 1973 y el 28 de febrero de 1985, mientras que el 2º se refiere al período comprendido entre el 13 de junio de 1968 y el 26 de junio de 1973  “marcado por la aplicación sistemática de las Medidas Prontas de Seguridad e inspirado en el marco ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional.”

COMO NOMBRE DE LAS CALLES
Teniendo en cuenta los antecedentes señalados, Mazzoni solicitó que los nombres de los citados ciudadanos sean tenidos en cuenta en el nomenclátor de Minas, en un único barrio, de manera que se identifique esa zona de la ciudad con el homenaje a las víctimas del terrorismo de Estado. “Teniendo en cuenta la solicitud realizada por los vecinos del barrio, presentada en sala por el edil Alberto Conti, sugiero que el barrio al que hago referencia en al párrafo anterior sea Las Palmas. Si no se completan los nombres por falta de calles, se puede extender la denominación al barrio Garolini, que forman una unidad con el anteriormente señalado. También solicitó Mazzoni que en el citado barrio, y en un lugar adecuado se ubique una plaqueta recordatoria con la siguiente leyenda:
Ciudadanos detenidos desaparecidos oriundos de Lavalleja, víctimas del terrorismo de Estado: Fernando Miranda, Otermín Laureano Montes de Oca, Carlos Hernández Machado, José Luis Pelúa, Martín Isabelino Pelúa, Renée Pereira Gasagoite, Ada Margaret Burgueño, Carlos Rodríguez Mercader, Gustavo Inzaurralde Melgar”.
Agregó que se colocará al final de la inscripción la fecha de la ceremonia de inauguración, que se realizará de acuerdo a la importancia que la citada ley otorga a la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado.

“UNA POSICIÓN TÍPICA DE LA DERECHA”
Primera Página durante la sesión de la Junta, le solicitó el proyecto y le preguntó por qué los ediles se habrían negado a debatir, Mazzoni respondió que “es una posición típica de la derecha, no pueden decir que no reconocen lo que pasó en el país, solamente gente que está llena de prejuicios puede negarse a poner el nombre de desaparecidos a las calles de Lavalleja”. Molesto Mazzoni manifestó que “se hace en la misma reunión en la que se acusa de asesino de policías al ministro del Interior, se niega la posibilidad de hacer un justo homenaje a 9 ciudadanos de Lavalleja que constató la Comisión para la Paz que se creó en el gobierno de Jorge Batlle, y la ley 18.596 establece la obligación del estado de homenajear a las víctimas del terrorismo de estado, y estos fueron reconocidos así por la Comisión para la Paz. Yo solicito que esas víctimas sean incluidas en el nomenclátor”,

Sobre la elección del lugar, dijo que lo propuso “porque el edil Alberto Conti había solicitado a pedido de los vecinos del barrio Las Palmas, que les pusieran nombres a las calles”.

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