El fiscal Enrique Viana y el integrante de la llamada “Alianza
Pachamama” Germán Parula estuvieron en Minas para, en la sala de actos de la Intendencia Departamental
de Lavalleja (IDL) y en el marco de un ciclo de charlas organizado por la
bancada de ediles del Partido Nacional (PN), informar a los legisladores
departamentales sobre la minería de gran porte, sus consecuencias, y el
accionar desde del gobierno en torno al tema.
El suceso pretendió además potenciar a los movimientos
populares que se han registrado en estos últimos días, con presencia de Carol
Aviaga (dirigente del PN en el departamento), integrante del Movimiento Uruguay
Sustentable y productores de las zonas afectadas por Aratiri, que promueven la
ley N° 18.308 de Desarrollo Territorial y Medio Ambiente, que brindaría
potestades a los ediles de incorporar un artículo a la ordenanza departamental,
y que liberaría de minería metálica a cielo abierto a Lavalleja.
SIN JURIDISPRUDENCIA AMBIENTAL
Viana dijo a Primera Página que desde el punto de
vista judicial "la actualidad es bastante negativa", en especial
porque "no tenemos una juridisprudencia ambiental". "Nuestros
jueces o tribunales superiores están fallando contra la protección del medio ambiente",
agregó. Existe según Viana una "juridisprudencia antiambiental", aún
cuando se cuenta con normas jurídicas "que dan fuerzas suficientes como
para poder enfrentar una serie de desastres ambientales que estamos empezando a
sufrir", como la "forestación a mansalva, agrotóxicos, celulosa",
o la "megaminería a cielo abierto".
CONCIENTIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA
Para el fiscal, hasta tanto el ciudadano común "no
tome conciencia de estos problemas, nuestros jueces no van tomar conciencia de
los reales inconvenientes". "El camino es inverso", no es "el
de solo ir por los Juzgados", es necesario también "que los
ciudadanos influyan en las decisiones judiciales", las que hoy "no
tienen el calor de la ciudadanía preocupada por los temas".
"Cuando ese calor no existe, es que los jueces miran
para otro lado", acotó.
SIN ESCUDO PROTECTOR
Viana sostuvo que se vive "una nueva forma de
gobierno", que supone "que las administraciones se transforman en
socios de los emprendimientos industriales". En esa medida "pierden
sus cualidad objetiva para juzgar, evaluar y controlar". De esta manera
"el ciudadano común se queda sin su escudo protector", el Estado, el
que "pasa a proteger los intereses poderosos privados de determinadas
empresas y abandona la defensa del
ciudadano común".
SEÑORES FEUDALES
De alguna manera "estamos volviendo quizás mil años o
más hacia atrás", a la época "de los señores feudales", cuando
el Estado dejaba al ciudadano "a merced de los daños, de los perjuicios y
de la perdida de la calidad de vida". Frente a ello es importante saber
"cómo enfrentar esa realidad" y aprender a "cómo
defenderse".
Viana señaló que Lavalleja "está iniciando algunos
de esos caminos que son inteligentes y posibles", con intentos "de
lograr determinada legislación a nivel departamental que frene o mitigue el
impacto que va a producir la llegada de estos emprendimientos de gran escala".
VIVAN DONDE VIVAN
Parula afirmó no necesitar esperar a ver lo que va a
hacer Aratiri en Uruguay "para conocer las consecuencias de este tipo de megaminería".
Dijo saber "del daño ambiental que se está
proyectando con este tipo de emprendimientos industriales", y consideró
que en el campo "se ha tomado mayor conciencia en torno al tema". No
obstante hay una gran concentración de gente en las ciudades "que necesita
entender que si nosotros contaminamos nuestros recursos hídricos, si
perjudicamos los ríos, arroyos y las napas freáticas", en definitiva "los
que vamos a padecer los problemas somos todos los ciudadanos, vivan donde vivan".
"Si apostamos
a industrias extractivas, que pueden dejar un poco de dinero en caja a
corto plazo, estamos hipotecando nuestras posibilidades de asegurarnos",
incluso, "la soberanía alimenticia", concluyó.
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