lunes, 25 de abril de 2016

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, cuestionada y defendida

El viernes se realizó en el local de la Federación ANCAP una charla sobre la Ley Nº 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual -llamada Ley de Medios- y sobre la inconstitucionalidad de algunos de sus artículos, recientemente definida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Además, el expositor, Gustavo Gómez, se refirió al proyecto de ley sobre Publicidad Oficial, que está a estudio del Parlamento.
Gustavo Gómez es investigador, consultor, experto en libertad de expresión, regulación y políticas públicas de comunicación y telecomunicaciones. Es director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia, y fue titular de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), y de Servicios de Comunicación Audiovisual, y asesor de Presidencia en el período 2010-2014. El evento estuvo organizado por el equipo de diputación del Frente Amplio (FA) de Lavalleja.
La presentación de la charla estuvo a cargo del edil del MPP, Carlos Cardinal. Luego, el diputado Javier Umpiérrez, integrante de la Comisión de Constitución y Código del Parlamento -que estudia el proyecto de Ley de Publicidad Oficial- anunció que se continuará organizando este tipo de charlas, para informar a la sociedad.

LA LEY

Gustavo Gómez señaló que la Ley de Servicios Audiovisuales -Ley de Medios-, “está aprobada y está vigente”, y que días atrás tuvo un fallo de la Suprema Corte de Justicia, ya que “se ha cuestionado esta ley, así como se la ha defendido, y uno de los terrenos donde se define si es buena, si es mala, si es adecuada o no es en la Suprema Corte de Justicia. Y hay novedades”.
Se refirió a los ataques a la ley: “la prensa se ha referido a las inconstitucionales, pero no a las constitucionales, que son muchísimas e importantísimas, en temas que eran polémicos y la Suprema Corte las ha declarado esas constitucionalidades”.

¿PARA QUÉ UNA LEY?

Recordó que lo primero que se discutió “fue para qué una ley, si ya la había, si está la Constitución, cuál era la necesidad que la izquierda -en este caso- se metiera en una ley de medios. Es una más de varias leyes que se aprobaron en ese período que culminó en 2014 con la Ley de Servicios y Comunicación Audiovisual, y que incluyó la Ley de Acceso a la Información Pública, que les reconoce a todos el derecho a conocer, por ejemplo, en qué se gasta la publicidad oficial, tanto en el gobierno nacional como en la IDL. Es decir, un montón de leyes que en vez de censurar a los medios, les dio herramientas a los medios y a los periodistas para tener información que en general es muy difícil de obtener y que les pertenece”.

HERRAMIENTAS PARA LA PRENSA

Agregó que se aprobaron leyes en ese período, que despenaliza los delitos de difamación e injurias en caso de interés público, “que para la prensa la investigación sobre qué hacen los gobernantes, sobre el mal manejo de fondos públicos, y si lo hacías te podía caer un juicio que hasta hace unos años podía terminar en procesamiento con prisión. Lo que se cambió fue dar más herramientas a favor de los medios y a los periodistas, y debilitar y generar más apertura al escrutinio de los funcionarios públicos”.
Por lo que, “dijimos que en este marco, donde quien está en el gobierno impulsa leyes que dan más herramientas para la crítica, ¿por qué habríamos de impulsar una ley que amordaza, que busca censurar? Es un tema complejo y vamos a ver algunas posiciones que hubo en su momento”.

“SIEMPRE HUBO REGULACIÓN”

Gómez dijo que las leyes de medios que había en el país, eran de la dictadura, de 1977, con decretos reglamentarios de 1978, que regulaban la actividad de los medios. “Siempre hubo regulación, lo que se trataba era actualizar una legislación vieja y de la época de la dictadura. Era una ley de cuando todavía no había radios FM. También había interés de adecuar la normativa a estándares internacionales. La ley anterior no correspondía a conceptos vinculados a la democratización y al uso de los medios para la libertad y no para la censura. En dictadura se entregaron concesiones de radio y televisión a dedo, sin criterios objetivos y procedimientos abiertos y públicos para que todos tuviéramos acceso. A partir de esta ley, sí los hay. Otro objetivo era promover la competencia y fortalecer la industria nacional. En el sector de la televisión tenemos una concentración muy fuerte de medios, básicamente en tres familias con asiento en Montevideo que luego reproduce ese poder en el resto del país. No es revolucionario tratar de que no haya tanta concentración, es apenas capitalista. Se busca más competencia, que haya más voces, más opiniones. Hace 60 años tenemos la misma estructura de medios. Bueno, llegó el momento de buscar que ingresen otros, que quienes tuvieron tanto durante tanto tiempo tengan menos”.
Se refirió a los dichos del presidente Mujica en el 2012 -La ley se aprobó en diciembre de 2014- cuando dijo el proyecto de ley no se metía en los contenidos, ni la línea editorial de los medios, porque “no nos corresponde ese papel”.

DA CERTEZAS JURÍDICAS

Gómez aseguró que la Ley “no es una ley para amordazar a los medios ni a los periodistas. Es más, se dan certezas jurídicas a los operadores en terrenos jurídicos y para garantizar más libertad de expresión, para los medios y para todas las personas. Este es un diferencial de la nueva perspectiva. No hay nada en la ley que censure ni amordace a los periodistas al hacer su trabajo. Hay una perspectiva más amplia en cuanto a derechos, que incluye a los medios, a los periodistas y a quienes miramos televisión o escuchamos radio”.

EN CONTRA

También compartió declaraciones de quienes estaban en contra de la ley, como Julio María Sanguinetti: “La ley de medios es un revólver cargado en la nuca del periodismo independiente”.
Editorial de diario “El País”: “Su finalidad última, evidentemente, copiando los malos ejemplos de la región es procurar ejercer el control político sobre los medios de comunicación, en particular la radio y la televisión”.
Pedro Abuchalja, presidente de Andebu, “llegó a identificar la ley no solamente como antidemocrática sino como estalinista, mussolinista, fascista, la cosa más terrible que se haya hecho en este país de la dictadura para acá”, según citó Gómez.

A FAVOR

Entre las opiniones favorables a la ley emanadas de entidades como Reporteros Sin Fronteras, con sede en Francia, que dijo que “representa un buen modelo de regulación de medios para otros países del continente. No la manzana podrida, sino un ejemplo”.
El Comité de Protección de Periodistas, una organización con sede en Nueva York, “saludó la aprobación de la ley porque ‘tiene fuertes garantías sobre la libertad de expresión y prohíbe la censura’. No es un revólver en la nuca, para ellos es una ley garantista”.
El director de semanario Búsqueda, Claudio Paolillo, “francamente no creo que sea muy amigo del gobierno de izquierda, tiene su editorial distinta y cuando fue convocado hizo sus críticas, pero también dijo que ‘no es un proyecto mordaza, porque contiene salvaguardas que impide calificarla de ese modo. Claramente las leyes de Argentina, Ecuador, Nicaragua, no contienen tantas disposiciones garantistas para el ejercicio de la libertad de expresión, como este proyecto de ley’”.

DENUNCIAS

Se refirió Gómez a los recursos de inconstitucionalidad planteados y a las respuestas formuladas por la Suprema Corte de Justicia. “Fueron unas 28 denuncias de inconstitucionalidad que se presentaron, con distintos argumentos, fundamentalmente empresarios -incluso empresarios de Minas- que como estamos en una democracia, tiene el derecho al pataleo”. Aseguró que uno de los primeros recursos fue presentado por la empresa norteamericana Direct TV, que cuestionó 27 de los 202 artículos de la ley. La Corte declaró un solo artículo como inconstitucional entre esos 27, y sobre 3 más opinó que parcialmente lo eran. La prensa en Montevideo tituló que la Suprema Corte había volteado a la Ley de Medios. Parece algo excesivo cuando la inconstitucionalidad se da sobre solo cuatro artículos. No es mentira, pero es una forma de verlo. La otra, la que les propongo, es que 26 de los 27 artículos, fueron declarados constitucionales, total o parcialmente. En un partido de fútbol, esto no estaría nada mal: 26 a 1. Soy parte interesada, pero para mí lo que hace la Suprema Corte es respaldar la ley, declarando constitucional a aspectos clave que llevaron a las principales críticas como si es una ley mordaza o no. ¿Esta es una ley que dificulta el trabajo informativo de los periodistas para proteger a los niños? ¿Tiene organismos reguladores peores de los que teníamos y son instrumentos del gobierno para meterse en la línea editorial de los medios de comunicación? Son temas importantes, y tenemos luces de la Suprema Corte de Justicia sobre temas claves. Y lo que está haciendo es respaldar la ley”.

INCONSTITUCIONALIDADES

Se refirió a las cuatro inconstitucionalidades, el artículo 51 que se refiere a la limitación de la concentración de medios, impide que un operador satelital de televisión pueda tener más del 25 % de abonados que hay en el país. Direct TV presentó el recurso y lo ganó, “pero los afectados son los competidores” de Direct TV. Se trata de “un artículo que protegía a los empresarios chicos, nacionales; la Corte lo declara inconstitucional y le da libertad a una empresa extranjera”. Los otros artículos que son parcialmente inconstitucionales son el 39, 60 y 98, que no contienen temas centrales para la ley, por lo que no los explicó en detalle.

PUBLICIDAD OFICIAL

Gómez comenzó a responder preguntas del público, el diputado Umpiérrez, cuando se habló de publicidad oficial en medios del interior, solicitó al director de Primera Página, Raúl Vernengo, también como ex presidente de la Organización de Prensa del Interior -OPI- y directivo de la entidad, que ilustrara sobre las diferencias de asignación de publicidad oficial entre la capital y el interior del país.

“ANTES ERA UN SECRETO”

Vernengo expresó que la ley de Acceso a la Información Pública permitió a OPI, que agrupa a 55 de los 89 periódicos del interior, y a 37 de los 38 diarios, “conocer el gasto publicitario del estado. Antes era un secreto. Y para conseguir pauta publicitaria había que ser amigo de algún director de algún ente público, por conveniencia o amiguismo político. Hoy tenemos el derecho a pedir el acceso a la información pública. Un edil de Lavalleja hizo creo el primer pedido de acceso a la información pública, donde reclama información del gasto publicitario de la IDL, y no le han contestado. Ahora la intendencia está obligada a dar esa información”.

INJUSTO Y MALA INVERSIÓN

Aseguró Vernengo que según los informes de OPI, el 97% a nivel de prensa escrita pauta en Montevideo, el 3% va para el interior, y que eso “estaría perfecto si esos periódicos tuvieran el 3% de lectores, pero resulta que los 89 periódicos del interior tienen el 45% de los lectores, es injusto y es una pésima inversión por parte del estado. Deja por fuera o de llegar a muchos miles de personas, caso de ANTEL que compite, porque no toman en cuenta cuántos periódicos se editan ni cuánto se leen. En Minas los diarios y los semanarios se leen muchísimo más que los diarios de Montevideo. Es claramente injusta la asignación de la publicidad para el interior”.
Citó Vernengo ejemplos de mala distribución de la pauta publicitaria en el interior, en algunos casos es de cero, o cifras astronómicas distribuidas en medios de Montevideo, sobre todo en los tres canales de aire de la televisión uruguaya.

Y HABRÁ MÁS


Finalmente siguieron más preguntas, poniendo luego Umpiérrez el punto final con el agradecimiento a los presentes y a Gustavo Gómez y Raúl Vernengo por lo expuesto. Y prometiendo acercar más información a la gente sobre nuevas leyes que se traten en el Parlamento. 

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