NUEVO REGLAMENTO DE
CENTRALES DE ALARMAS ELECTRÓNICAS
Convocados por el Centro
de Comando Unificado (CCU)
del
Ministerio del Interior, empresarios
minuanos vinculados a la seguridad (sistemas de alarmas y videovigilancia,
CCTV), se encontraron en la Jefatura de Policía de Lavalleja para, a través de
una videoconferencia, informarse y evacuar dudas con respecto al decreto que autoriza a dicha dirección “fiscalizar a nivel nacional, el cumplimiento de la Resolución
Ministerial S/N de fecha 6 de agosto de 2019 (ampliación del ámbito de aplicación
del Decreto 242/25 de fecha 14 de septiembre de 2015)”.
La disposición obliga a las empresas de
seguridad, en este caso del medio, a “modificar el sistema de Centrales Electrónicas de Alarma en contacto
directo con Unidades Policiales y a la obligatoriedad de la verificación
personal consistente en la presencia del personal de la empresa contratada para
el servicio el servicio de alarma, a efectos de inspeccionar exteriormente el
lugar”.
OBJETIVO: UNIFICACIÓN DE CRITERIOS
El encuentro virtual tuvo como objetivo “unificar
criterios sobre la conectividad entre las centrales de alarmas y el programa
Sistema Integrado de Videovigilancia y Emergencias (SIVVE), un programa informático que permite
atender las solicitudes y enviar la respuesta policial más próxima gracias a la
georreferenciación de las patrullas y móviles desplegados en cada zona, de carácter
“informativo” y “de sumo interés para las empresas”.
REUNIÓN
IMPRODUCTIVA
Si bien la
reunión duró aproximadamente hora y media, la misma fue totalmente improductiva ya que los
inconvenientes técnicos (audio) surgidos en el lugar de origen de la transmisión,
hicieron imposible cualquier tipo de entendimiento. Los esfuerzos
de los funcionarios vinculados a la CCU de Lavalleja por solucionar
los inconvenientes le permitieron a algunos de los presentes consultar
solamente en torno a algunos detalles expuestos en el decreto, que fueron
derivados a otras áreas.
PROYECCIÓN EMPRESARIAL
La demora, los inconvenientes y
la derivación a otras direcciones por apenas algunas consultas, hizo que varios invitados se retiraran con las mismas dudas con las
que llegaron. En ese marco, se prolonga la confusión a la hora de la
interpretación de un reglamento que en
principio le exigiría cierto compromiso y responsabilidad a las empresas privadas, sin
contemplar el contexto de ventas libres a particulares por parte de espacios
comerciales físicos y por internet (Mercado Libre), entre otras dudas y que incluso tienen
vinculación con la Dirección General de Fiscalización
de Empresas (DIGEFE), ex RENAEMSE (Registro
Nacional de Empresas de Seguridad).
Según dijeron a Primera Página algunos de los empresarios, varios coinciden en la necesidad de un
nuevo encuentro, pero esta vez, con presencia física de un representante de la
CCU de Montevideo.
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