Continúa desarrollándose un ciclo de actividades organizadas por el Ministerio Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en todo el país, sobre empleo e inclusión laboral, con énfasis en la difusión de la Ley de Promoción del Empleo Nº 19.973, que busca fomentar la contratación de personas en situación de vulnerabilidad, a través de subsidios a las empresas. El jueves la actividad se desarrolló en el salón de actos de la IDL, con la presencia del ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, el director Nacional de Empleo, Daniel Pérez, y el director Nacional de Coordinación en el Interior, Andrés Prati, acompañados por el intendente Mario García.
LEY DE PROMOCIÓN DE EMPLEO
Previo al
encuentro con empresarios y organizaciones, Mieres y García ofrecieron una
conferencia de prensa, en la que el ministro dijo que “lo que hacemos es
convocar básicamente a los empleadores, a la gente vinculada al empleo, y a
trabajadores, para difundir una ley que ya lleva un año de aprobada, que lo que
hace es promover la contratación de trabajadores pertenecientes a los sectores
más vulnerables”.
CATEGORÍAS
Mieres explicó
que lo que se propicia con esta ley -aprobada por unanimidad en el Parlamento- “es
darle una oportunidad al empleador que contrata a jóvenes, a mayores de 45 años,
o personas con discapacidad, un incentivo que implica la posibilidad de
descontar de las obligaciones que se deben al BPS, un crédito equivalente según
el programa el primer año de contratación. A los jóvenes porque tienen hoy una
tasa de desempleo extremadamente alta -el triple que la tasa de desempleo total
de la población-; a mayores de 45 años, no porque en ese grupo haya una tasa de
desempleo alta -no la hay-, pero cuando una persona mayor de 45 años pierde el
empleo, tiene enormes dificultades para volver a insertarse. Y para personas
con discapacidad, a pesar de dos leyes que tenemos, una para el sector público
y otra para el privado, todos los estudios indican que estamos lejísimo de llegar
a la cuota por discapacidad”.
MUJERES
Aseguró el
ministro que “lo que hacemos es promover estas contrataciones en los tres
casos, si se trata de trabajadoras mujeres el monto del subsidio es mayor,
porque tenemos diferencias de género en el acceso al trabajo”.
Al señalarle que
INEFOP también está trabajando con planes de empleo, Mieres señaló que “INEFOP
está funcionando de manera permanente”. “En este caso, lo que buscamos es que
aquellos trabajadores que tienen más dificultades, como son los desempleados.
Para aquellos trabajadores que requieren mayor calificación, el camino de
INEFOP es fundamental, con la articulación en cada departamento en un trabajo
conjunto con la intendencia y los municipios, y con los actores sociales a través
del espacio que implica el Comité Departamental de Empleo”.
El subsidio tiene un tope de un 20% de la
planilla.
Sí, por cada
categoría, no se puede superar el 20% de la plantilla de trabajadores jóvenes,
también se puede usar un 20% de mayores de 45 años, y un 20% de trabajadores
con discapacidad, no es en el total, es por cada conjunto. Depende de la
cantidad de trabajadores que tenga la empresa, es bueno decir que para las
microempresas el porcentaje se hace mayor, aunque tengan menos de cinco
trabajadores, pueden tener un trabajador incentivado por cada una de las
categorías.
¿Cómo encontró la situación en Lavalleja?
Estábamos
hablando con el intendente, el trabajo nos importa mucho al gobierno
departamental, al MTSS y es parte de lo que vamos a hablar ahora. En los últimos
dos tres meses hubo un incremento de la tasa de desempleo, tal vez vinculado a
la salida de los trabajadores de oportunidad laboral, de jornales solidario, el
turismo de estación y la vinculación con empresas de acá o de Maldonado, que
hayan tenido dificultades de inserción laboral por la situación del turismo. La
idea es que se genere un ámbito de reflexión y encontrar qué instrumentos
utilizar, además de los que mencionamos.
En su recorrida por el país promocionando
esta ley, ¿cuáles han sido las principales inquietudes que le plantearon?
Lo principal que
uno palpa es que hay poco conocimiento de la ley. La ley tiene un año, y dado
el desconocimiento percibido, nos indica que no ha llegado a la gente. Por eso
hacemos estas jornadas, y cuando se conoce se empieza a valorar y eso ayuda a
que se utilice. Eso es lo que el gobierno quiere, que este instrumento que es
la ley y que está al servicio de generar mayor equidad en el acceso al trabajo,
se use. Lo otro es el miedo a la burocracia, creen que es meterse en un lío,
que el empleador para contratar a alguien que necesita ya, el trámite la va a
llevar mucho tiempo. En este momento el MTSS tiene los procesos aceitados, no
se demora más de cinco días hábiles en el procedimiento y darle el alta al
trabajador. Eso es bueno que se conozca, y ese es uno de los temores que hay.
Lo otro es que no tiene nada que ver con el someterse a determinados
contralores, los procedimientos inspectivos, tanto del BPS como del MTSS, no
tienen ninguna vinculación de datos con el uso de estos beneficios, los
mecanismos inspectivos funcionan independientemente y sin conexión con el hecho
que la empresa tenga trabajadores en régimen de subsidios.
Intendente, ¿cuál es la receptividad de su
gobierno a esta ley?
García – Venimos
trabajando, esta no es la primera jornada de difusión de esta herramienta que
la creemos fundamental, y es primordial que se la apropie el empleador, por los
beneficios que le genera a la empresa y a los trabajadores desocupados.
Nosotros en la IDL tenemos a Juan Carlos Spoturno de nuestra área de Desarrollo
Organizacional, trabajando intensamente en la difusión de esta herramienta. Lo
que se necesita es mayor participación activa del sector empresarial en la toma
de decisiones respecto a esta ley, que como dice el ministro no ha tenido el
impacto que se esperaba en relación a los beneficios que genera.
¿Nos puede dar su posición como ministro
respecto a la reforma del BPS?
Venimos
trabajando desde la campaña electoral del 2019; allí todos los partidos políticos
dijimos que había necesidad de llevar adelante una reforma de la seguridad
social. Fundado esencialmente en los datos demográficos, que indican que
Uruguay tiene un proceso de envejecimiento poblacional muy agudo, y proyectado
hasta el 2100, es cada vez más agudo. Y por muy buenas razones, todos vivimos más
años, y nuestra expectativa de vida se extiende cada vez más, eso quiere decir
que tenemos un sistema de salud que llega a la mayor parte de la gente, y hace
que vivamos más y con salud. Por otro lado, por las pautas de la modernización
de la sociedad, muestran que las nuevas generaciones tienen una natalidad
postergada, la tasa de natalidad viene bajando abruptamente, y crece la
expectativa de vida. El resultado, es muy bueno que vivimos más, pero tiene la
contracara que el sistema de seguridad social se vuelve de difícil
sostenibilidad. La lógica tradicional era que los activos financiaban a los
pasivos, ya no da. Cada vez hay menos activos y más pasivos, y pasivos que
viven más años, eso lleva a un ajuste del sistema previsional, para asegurar a
las próximas generaciones un sistema sostenible. Encarar este tema era imprescindible,
el gobierno asumió la responsabilidad. En la Ley de Urgente Consideración se
creó una comisión de expertos que trabajó por más de un año, con participación
de representantes de todos los partidos y representantes sociales de los
trabajadores, jubilados y empresarios. Esa comisión finalizó su trabajo en
noviembre de 2021 con un informe muy extenso, que señalaba cuáles debían ser
las pautas de una reforma. Eso no fue aprobado por unanimidad, la oposición no
lo acompañó. Ahora se transformó en un anteproyecto de ley que está sometido a
un análisis de los distintos partidos. Por estos días cada partido de la
coalición ha hecho llegar al doctor Rodolfo Saldain y al presidente de la República,
sugerencias de correcciones, modificaciones, y en eso estamos. Ojalá sea con un
resultado de política de Estado, en este tipo de reformas lo mejor es que haya
consenso, es difícil porque el Frente Amplio adelantó opiniones críticas, no
acompañó las recomendaciones.
Cabildo Abierto presentó discrepancias.
Sí, y el Partido
Independiente y el Partido Colorado también, eso está arriba de la mesa.
¿Se van a reformar otras cajas paraestatales
como la Militar, la de Profesionales, que tienen tremendos déficits?
El anteproyecto
de ley toca todas las cajas. Es más, se va a un régimen de convergencia para un
sistema único de aquí a 20 años. Con el sistema actual cada peso que un
uruguayo pone para su jubilación vale distinto según en qué caja lo pone, y eso
es injusto, lo dijo el doctor Rodolfo Saldain. Eso además de injusto está mal.
A lo que tenemos que ir es a un régimen en donde cualquier aporte que cada uno
hace, sea en la caja que sea, tenga el resultado similar, y que tenga las
mismas reglas de juego. Quiero decir, porque se habla poco de esto, el
anteproyecto tiene una novedad para las personas que se van a jubilar próximamente,
que es la posibilidad de compatibilizar la jubilación con la continuidad
laboral. Salvo que se haya aportado a dos cajas distintas, cuando se jubila una
persona, se tiene que jubilar por todo, y no puede seguir trabajando en dos
trabajos, ahora si va a poder seguir trabajando. También está previsto que una
persona tenga una jubilación parcial, se puede jubilar por la mitad del horario
y seguir trabajando la otra mitad, esto está en línea con los procesos
intelectuales y físicos de las personas. Este anteproyecto contiene esas dos
posibilidades, la jubilación parcial y la posibilidad de jubilarse por un
trabajo y seguir trabajando en otro trabajo.
¿En qué situación estamos respecto al empleo?
¿Hay recuperación?
Sí, el empleo
viene en recuperación clara con respecto a lo que fue la pandemia, e incluso
respecto al año 2019, que ya eran malos. Ya se venía en una pendiente
descendiente desde el 2015-16, hasta el 2019, en el 2020 tuvimos el bajón de la
pandemia, en el 2021 se mantuvo, y en la última parte los indicadores de empleo
volvieron a niveles previos a la pandemia y mejor. La tasa de desempleo en el
primer semestre de 2022 estuvo en 7,7%, y en el 2019 fue de 8.9%. La cantidad
de trabajadores en seguro de paro en julio estaba en 43.300 incluidos los
parciales, y en el 2019 era 47.500 y eran totales. Tenemos datos alentadores,
hay que seguir mejorando.
Hay un porcentaje que no figura en la tasa de
desempleo, que son los que tienen salarios que no les permiten cubrir las
necesidades básicas.
Es claro que la
pandemia generó la caída del salario, tanto del sector público como del
privado, y también el compromiso de la recuperación salarial en el transcurrir
del período de gobierno ¿En qué estamos hoy? En el sector público se firmaron
acuerdos a fines de junio con COFE y con la Coordinadora de Sindicatos de la
Enseñanza, y recientemente con AEBU Banca Oficial, que establece un cronograma
de recuperación en este período de gobierno del poder adquisitivo perdido. En
el sector privado la situación es muy heterogénea, hicimos un estudio mesa por
mesa de los consejos de salarios, y el dato que tenemos hoy es que el 27% de
los trabajadores privados que pactan su salario por los consejos de salarios no
han perdido poder adquisitivo, y son sectores muy vinculados a los sectores más
dinámicos. Otro 27% tiene una pérdida menor al 1%, su caída es entre 0 y 1
punto. Un 30% perdió entre 1 y 4 puntos. Y hay un 10% que perdió más de 4.
Entre ellos hay un sector particularmente afectado que es el turístico, porque
fueron muy afectadas las empresas y cuando se empieza a negociar la recuperación
se hace más lenta, y nos vino de afuera la aceleración de la inflación como
resultado de la invasión de Rusia a Ucrania, que es un problema del mundo
entero, porque Uruguay no es un mundo aparte. Alemania tuvo una caída del poder
adquisitivo de 5 puntos, España lleva este año 4. Y no hablemos de Argentina.
Nosotros estamos recuperando y vamos a seguir recuperando.
La situación sindical está compleja, paros en
la educación, de los bancarios, del transporte.
Sí, está
complicado. Tenemos en este momento una serie de conflictos. Vamos a ubicar la
situación donde debe estar: si se toma el primer semestre de 2022 con los cálculos
que hace la Universidad Católica sobre el índice de conflictividad, que son
datos de un tercero objetivo, el promedio de la conflictividad en el primer
semestre de 2022, comparado con el 2020 y 2021, es bastante más alto, porque
había menos actividad y teníamos pandemia, porque no se podían hacer
movilizaciones, no había aglomeraciones, pero si tomamos el promedio del 2009
al 2019 y se lo compara con el 2022, estamos en el mismo nivel de
conflictividad.
¿Es otro tipo de conflictividad?
Sí, es otro el tono,
que lo considero muy injusto con el gobierno que bancó una situación de
pandemia, y que rema y recupera el empleo, y tiene compromiso de recuperación
salarial, sentimos que los conflictos escalan muy rápido. Estuvimos meses
buscando una solución en el sector lácteo, se acordó hace menos de un mes, y
hoy hay un paro en ese sector porque despidieron a un trabajador de una empresa
de transporte del sector lácteo, paró todo el sector. Tenemos un paro en la
zona suburbana de COPSA que arrancó de cero a cien, porque un paro por tiempo
indeterminado es una medida máxima, y la tomaron de un día para el otro, sin
medidas intermedias. Estas cosas hacen pensar y decir: ‘Está bravo’, es cierto
que tenían problemas de demoras en los pagos que venían arrastrándose hace
tiempo, pero se debería dar un proceso de reivindicaciones, medidas
progresivas, y eso no se dio, y afecta a miles de personas que tienen que ir a
trabajar. El tema no es la cantidad de conflictos sino la forma en que se
realizan. Ni hablemos de los paros de la educación, ahí lo que tengo que decir,
y lo digo como líder del Partido Independiente, tenemos una obligación con los
gurises y es que haya de una vez por todas una reforma de la educación. No
puede ser que cada vez que quiso haber una reforma los gremios empiezan con las
medidas de paro. Durante los gobiernos anteriores trancaron los cambios. (José)
Mujica quiso cambiar, hubo un acuerdo multipartidario en el 2010 para una
reforma educativa y la trancaron. En el 2012 a iniciativa de (Jorge) Larrañaga,
se hizo un nuevo acuerdo de reforma con Mujica y la trancaron. En el 2015 Tabaré
Vázquez inició un proceso y se trancó por las movilizaciones de los gremios
docentes. La política educativa la define la gente, eligiendo gobierno, no
pueden definirla las corporaciones, que además lo que buscan es mantener un
statu quo que lamentablemente es excluyente, lo que uno ve es que los
aprendizajes son diferenciales por nivel socioeconómico, es un sistema
educativo que deja por el camino a los más débiles. Habrá paros, habrá
ocupaciones, pero habrá reforma.
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