El miércoles en sesión
ordinaria, la Junta Departamental aprobó por 16 votos del Partido
Nacional (PN) la amnistía o el “Proyecto de decreto de
regularización por pago de tributos y precios que recauda la IDL”,
como lo denominó la intendenta Adriana Peña, en la solicitud
enviada al legislativo. Los votos negativos fueron los de los 11
ediles de la bancada del Frente Amplio (FA), y un voto de Gustavo
Risso del Partido Colorado (PC). Hubo dos abstenciones, de Luis
Carresse (PC) y Ana Ugolini (PN), y por estar ausente no votó Sergio
Urreta (PN).
Hubo dos informes, uno en
mayoría firmado por Lidia Araújo, Alexandra Inzaurralde y Daniel
Escudero, finalmente aprobado, y otro informe en minoría, firmado
por Julián Mazzoni.
El proyecto aprobado
seguirá su curso, al Tribunal de Cuentas, volverá al ejecutivo
comunal, y luego se promulgará.
NO ATENDIERON SUS DEMANDAS
Luis Carresse integra la
comisión de Hacienda y Presupuesto. Por razones personales no pudo
asistir a la comisión, por lo que se abstuvo a votar. Igualmente
presentó la moción de que se votara en forma general el informe
aprobado y luego artículo por artículo, lo que no fue aprobado.
También pidió que volvieran los informes a comisión, pero le
respondió el presidente Alcides Larrosa que como no estaban firmados
por Carresse ninguno de los informes, no correspondía. Entonces
Julián Mazzoni mocionó el retiro del informe, pero no obtuvo los
votos necesarios.
VARIAS VOCES
Previo a la votación se
realizó un debate. Varios ediles del FA y el PC criticaron el
informe en mayoría, señalando que el proyecto no tenía un trabajo
de legislación, que se hacía lo que la intendenta pedía y que “el
pase por la Junta era un mero trámite”. Afirmaron que la amnistía
beneficia a los que más tienen, y también hicieron hincapié sobre
los beneficios a empresas o sociedades anónimas. Dijeron que no era
una amnistía solidaria, se criticó la forma del cálculo de la
deuda, la no atención a personas discapacitadas, y la
intencionalidad de un mero registro de personas y del perfil
económico de los contribuyentes, entre otros ítems.
UNA VOZ
Por el PN, solo Alexandra
Inzaurralde defendió el informe en mayoría. Puntualizó de forma
clara y precisa cada diferencia con el proyecto original del poder
ejecutivo, y con el informe en minoría presentado, también habló
de varias de las coincidencias y de las omisiones en los informes en
mayoría y minoría respectivamente.
CONVENIO
Según el proyecto
aprobado, se podrán regularizar las deudas vencidas al 31 de agosto
de 2015, lo que no incluye vehículos, por estar adheridos al SUCIVE,
con excepción de patente de rodados de motos, ciclomotores,
triciclos y cuatriciclos que si podrán ampararse, así como
inmuebles urbanos, suburbanos y rurales. El tiempo de la amnistía e
de 180 días a contar de día siguiente a la promulgación. Los que
ya están en juicio tienen un plazo de 90 días. Los deudores serán
pasibles de la eliminación de cobros de multas, recargos por mora.
La cancelación de la deuda puede ser: a) contado; b) entrega del 10%
mínimo y el resto con cheques diferidos, considerándose como pago
contado; c) entrega con un mínimo del 10% y el saldo hasta en 25
cuotas mensuales u ocho cuotas trimestrales con interés; d) en caso
de padrones con juicio, con una entrega de un mínimo no inferior al
30% y el saldo en seis cuotas mensuales o dos trimestrales y con
interés; e) los convenios vigentes podrán reliquidarse de acuerdo
al presente decreto deduciéndose los pagos realizados. La falta de
pago provocará la caducidad del convenio, sin comunicación alguna.
Se comunicará al Clearing de Informes y se iniciarán las acciones
judiciales.
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