Ayer, los funcionarios
judiciales pertenecientes al Juzgado Letrado y Juzgado de Paz se concentraron
en la puerta de éste último en la Plaza Libertad de Minas, para dar lectura a
una proclama, en el marco de movilizaciones por reclamo de adeudos. Este paro
fue por espacio de dos horas y se registró en todas las sedes del país y frente
al Ministerio de Trabajo en Montevideo.
LA PROCLAMA
La proclama fue leída por
Fernanda Zanelli, indicando que “los trabajadores judiciales recorrimos un
largo camino en nuestra pretensión de que se cumpla lo dispuesto por Ley.
Actuamos con enorme paciencia y responsabilidad por la importancia social de
las tareas que desempeñamos, evitando generar perjuicios a la población, en
particular a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. En el año 2010,
el Parlamento incluyó en el presupuesto nacional la equiparación de las
remuneraciones de los ministros con los de los senadores de la República. Esta
decisión determinó el incremento salarial de los ministros de la Suprema Corte
de Justicia y por las normas que regulan la escala salarial del Poder Judicial
el aumento de sueldos para todos sus funcionarios”.
EL ESTADO DESCONOCE LAS
SENTENCIAS JUDICIALES
Acotó que “posiblemente la
Ley votada por los parlamentarios tuviera como único objetivo beneficiar a
algunos ministros y cargos de confianza, los mismos que hoy no cumplen con la
Ley y las sentencias judiciales. Quizás fue así, pero también llevó justicia
para los trabajadores de uno de los sectores más rezagados del Estado en
materia salarial. Cuando el sistema político, incapaz de resolver sus
conflictos recurre al Poder Judicial, cuando se votan códigos y normas que
pretenden solución casi mágica a los problemas sociales y de seguridad sin la
asignación de recursos necesarios, es el propio Estado el que desconoce las
sentencias judiciales y violenta el estado de derecho”.
Más adelante narró que
“desde abril del 2011 el Gobierno nacional, a través de sus representantes en
el Parlamento, aprobó un conjunto de normas inconstitucionales, desconociendo
los derechos de los trabajadores del Estado, en particular de los judiciales.
El peso del aparato estatal se puso al servicio de ese objetivo. Esta situación
que no admitió espacios de diálogo por parte del Gobierno, llevó a los
trabajadores judiciales al único camino posible, confiar en la justicia e iniciar
una demanda contra el Estado, reclamando a la Suprema Corte de Justicia el
cumplimiento de la Ley. A fines del 2014, el Gobierno quiso imponer una
solución legislativa que fue declarada parcialmente inconstitucional en el año
2015. Esto abrió un espacio de trabajo que permitió la firma de un convenio con
el Poder Ejecutivo acordándose la conformación de un futuro ámbito para la
discusión y búsqueda de soluciones a los temas pendientes, lo que no se
concretó”.
EL ESTADO FUE CONDENADO A
PAGAR
En otro aparado dijo que
“en marzo de este año el juicio llegó a su fin y los trabajadores obtuvimos una
sentencia favorable a nuestro reclamo. El Estado fue condenado y tras una
trabajosa liquidación, el pasado 28 de setiembre el Juzgado Civil de 19º Turno
ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas el depósito de los haberes de los
reclamantes y el cumplimiento de la sentencia, que también contiene una condena
a futuro, disponiéndose se proceda a la adecuación salarial establecida en la
Ley de Presupuesto del año 2010. La Suprema Corte de Justicia, en nota remitida
al Ministerio de Economía, solicitó los créditos necesarios para cumplir con lo
ordenado en la sentencia. Ante el silencio oficial, la Asociación de
Funcionarios Judiciales solicitó al Ministerio de Trabajo se convoque al ámbito
acordado para que el Poder Ejecutivo se exprese sobre el cumplimiento de la
sentencia judicial. Dicha reunión tuvo lugar el pasado 20 de octubre
participando el Ministerio de Trabajo por el Poder Ejecutivo, con la notoria
ausencia del Ministerio de Economía. En la instancia, el Ministerio escuchó el
planteo de las gremiales y solicitó una nueva reunión en un plazo de 15 días,
ya que el presidente de la República no se encontraba en el país. Cuando la
justicia uruguaya es reconocida internacionalmente por su confiabilidad,
ocupando el primer lugar en Latinoamérica, siendo esto motivo de orgullo para
el país y los trabajadores judiciales, el Poder Ejecutivo la desconoce con su
silencio sobre las sentencias. Vencido el plazo acordado con el Ministerio de
Trabajo, sin que la reunión se haya concretado y vista la falta de respuesta
del Ministerio de Economía de cumplir con lo ordenado por el Juzgado Civil y
con lo solicitado por la Suprema Corte de Justicia, los trabajadores judiciales
nos declaramos en estado de alerta ante el avasallamiento del Estado, el
desconocimiento de los derechos de los trabajadores y el
incumplimiento de la
sentencia judicial. Las sentencias judiciales deben cumplirse. Basta de
dilatorias”.
VAN A PAGAR CUANDO QUIERAN
Finalizada la lectura de la proclama, la
funcionaria Eliana Varela informó que “el Ministerio de Economía le contestó a
la Suprema Corte de Justicia, diciendo que se van a amparar en el Artículo 733
de la Ley de Presupuesto pasada, donde dicen que las deudas en el ejercicio de
Gobierno serán pagaderas en el próximo ejercicio, por lo tanto lo que están
diciendo es que ahora no nos van a pagar en el ejercicio siguiente o cuando
quieran”.
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